Reforma electoral, triste orfandad

Artículo publicado en el suplemento enfoque del periodico Reforma el 24 de mayo de 2009 a propósito de la resolución del Tribunal Electoral que exoneró al Partido Verde de las multas impuestas por el IFE por comprar promocionales en televisión que difundían supuestos informes de labores de sus legisladores en periodo de intercampañas.

"Lamentable resolución" es un epíteto justo para calificar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el 8 de mayo revocó dos multas que el Instituto Federal Electoral impuso al Partido Verde Ecologista de México por un monto de casi 20 millones de pesos.
La causa de dicha sanción fueron los spots persistentemente difundidos durante los días que transcurrieron entre las precampañas y el inicio de las campañas en los horarios preferenciales de los principales canales de Televisa y Televisión Azteca. En el primero de ellos, recordará el lector, los legisladores de dicho partido daban cuenta de una iniciativa a favor de la pena de muerte rubricada con el vistoso emblema de ese instituto político, que contrastaba con la disminuida presencia del escudo oficial de la legislatura federal en funciones. En un promocional ulterior, la actriz Maite Perroni advertía a los televidentes que el Partido Verde "sí está preocupado y sí está haciendo cosas" (se entiende que en favor de la ecología).
Las diferentes versiones de estos mensajes tuvieron el común denominador de ser transmitidas fuera de la pauta ordenada por el IFE. En el primer caso, los spots se adquirieron con recursos de los propios legisladores, mientras que los promocionales de la segunda tanda presuntamente fueron pagados con dinero público de la fracción parlamentaria que encabeza la diputada Gloria Lavara. Otra circunstancia digna de tomarse en cuenta es que el periodo durante el cual fue difundida dicha propaganda es un tiempo vedado al proselitismo electoral. Por ello es que los spots trataban de ubicarse dentro de la excepción que permite a los servidores públicos utilizar su imagen para difundir una vez al año sus informes de gestión. Lo que llamó la atención es que por primera vez en este tipo de mensajes aparecían personas distintas a los titulares de los poderes públicos, además de la insistente mención del partido al que pertenecen.
En las sesiones públicas en las que se discutieron las multas que impuso el IFE no faltaron las acusaciones de censura hacia quienes veían en la conducta del Verde una clara infracción a la ley. La decisión no se tomó por unanimidad, pero fue respaldada por los consejeros que habitualmente sostienen una amplia interpretación de la libertad de expresión. Por el contrario, en defensa del inculpado acudieron el PRI (aliado político) y el PAN, partido en el gobierno que hasta hace unos meses se ufanaba de la reforma electoral y la defendía como uno de sus grandes logros.
Quizá por ello no debe sorprendernos que por unanimidad los magistrados del Tribunal Electoral dinamitaran la estructura de uno de los pilares que sostienen el nuevo modelo de comunicación política: la prohibición de comprar o vender mensajes en radio y televisión con fines proselitistas (aún cuando dicha transacción comercial se esconda tras el ejercicio de un derecho). Las debilidades del fallo se advierten desde el momento en que al margen de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, se trató a los legisladores como "ciudadanos" para que su recurso pudiera prosperar, inmediatamente después el propio Tribunal les reconoce el carácter de de servidores públicos con el que a partir de ahora tienen acceso a un mercado impedido a todos los demás.
A millones de personas les consta que los promocionales del Partido Verde irrumpieron en el proceso electoral en perjuicio de la equidad en la contienda. En el futuro, para que la propaganda gubernamental ostente tal categoría deberá formar parte de la política de comu- nicación social del órgano de Estado al que los servidores públicos pertenezcan; de otro modo, cualquier funcionario, con recursos propios o ajenos, públicos o privados, podrá informar de su gestión y ostentar su militancia sin que por ello pueda ser recriminado.
En todo caso, lo que tristemente se ha comprobado es que los dos partidos que seguramente obtendrán el mayor número de legisladores en los próximos comicios repudian la paternidad de una reforma que, por lo visto, tampoco la máxima autoridad electoral está dispuesta a tutelar.