lunes, 27 de julio de 2009

Medir con la misma vara. Propaganda personalizada de los servidores públicos


Un artículo sobre las inconsistencias del Tribunal Electoral al resolver asuntos de propaganda personalizada de los servidores públicos durante el proceso electoral 2009.

El texto forma parte del libro "Democracia sin Garantes. Las autoridades vs. la Reforma Electoral" coordinado por Lorenzo Córdova y Pedro Salazar y publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=2679

Pena de muerte al Partido Verde

Por Miguel Ángel Granados Chapa

Según el Programa de Resultados Electorales Preliminares -única cifra total disponible ahora- el Partido Verde Ecologista de México obtuvo 2.291,298 de votos, que tal vez le alcancen para obtener 22 diputados. Con ellos contribuirá a formar la mayoría en la Cámara, con su aliado el PRI.No tenemos derecho a minusvaluar a los ciudadanos que emitieron su voto a favor del PVEM, pero sí nos asiste el de insistir en sus características de partido tramposo, infractor de la ley, carente de escrúpulos, lo que le permite presentarse ante el electorado como lo que no es, y de formular propuestas de campaña imposibles de cumplir pero que impactan a ciudadanos desprevenidos y que se realizan en contra de la legislación electoral.El Verde ha sido así desde que nació, primero en 1986 y luego en 1991. Sólo ha tenido dos presidentes, padre e hijo, tocayos: Jorge González Torres lo encabezó hasta 2001, y lo heredó a partir de entonces a Jorge Emilio González Martínez, actualmente diputado federal después de haber sido diputado local y senador de la República. Ha participado en tres contiendas presidenciales, con González Torres como candidato la primera (en 1994) y aliado al PAN (2000) y al PRI (2006). González Torres lo fue en 1997, en la única vez que ha tenido candidato propio al gobierno capitalino. Merced a su política de alianzas ha tenido creciente representación parlamentaria.Sus dirigentes no son ejemplo de honestidad política (ni de la otra). González Martínez fue grabado mientras chalaneaba una gratificación millonaria por realizar gestiones para negocios inmobiliarios (ofensivos para el medio ambiente) en Cancún. El senador Arturo Escobar, uno de los posibles sucesores de González Martínez en el remoto caso de que éste permita a otro administrar su pródiga fuente de ingresos, viajaba en la víspera de las elecciones del Distrito Federal a Chiapas, con más de un millón de pesos en efectivo cuyo origen y destino no se estableció. Este año el financiamiento público del partido asciende a 304 millones de pesos. En los tres años anteriores recibió un total de más de 800 millones. Sus miembros no hacen aportación alguna, por lo que carece de un padrón de militantes, según campechana confesión de su secretario de finanzas. Dice contar con una fundación, el Instituto de Investigaciones Ecológicas: reto a los lectores no vinculados al PVEM a citar un solo producto de esa fundación, que cuenta con siete miembros, dos de los cuales son González Torres y su hija Erica, hermana de Jorge Emilio.En los meses recientes el PVEM ha empeorado, si cabe. Sedujo a sus votantes con su propuesta de pena de muerte a los asesinos y secuestradores, algo imposible de lograr porque México abolió la pena capital y en la comunidad internacional se sanciona a los países que intentan restablecerla después de suprimirla. Para difundir esa propuesta el PVEM infringió una y otra vez la ley, para lo cual contó con la valiosa colaboración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que no vio propaganda electoral donde todo el mundo percibió lo contrario, y consagró de ese modo la compra de tiempo en la televisión, prohibida para ese fin en la Constitución y el código respectivo. Con ese aval el Verde violó de otras burdas maneras la prohibición citada y aunque fue multado por sus infracciones, en la estricta lógica mercantil con que actúa ese partido fue buen negocio pagar las multas a cambio de incrementar la votación al romper la equidad en la contienda.De tiempo atrás el Partido Verde entró en componendas con el duopolio de la televisión. Como resultado de ellas hizo diputado a Javier Orozco Gómez, que había sido funcionario (prosecretario del consejo directivo) de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, y preparó el proyecto de reformas a las leyes de telecomunicaciones y radio y televisión conocido como Ley Televisa. Como premio a su exitosa labor, fue hecho senador pero por una vía equívoca de aplicación frecuente en el Verde: era suplente de Irma Ortega, que pidió licencia a su cargo. Así llegaron a ser legisladores Jorge Legorreta, Jesús Sesma, Alberto Puente Salas, registrados como suplentes de mujeres que figuran sólo para cumplir la equidad de género y que son desechadas después.Ahora el Verde ha ido más allá. Integró un grupo de candidatos enviados por las televisoras para servir a sus intereses. Se le conoce ya como la telebancada. Es figura sobresaliente en ella Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego, y están incluidos miembros de la oficina de Javier Tejado Dondé, el brillante abogado de Televisa que es vicepresidente de la CIRT. Cada uno de ellos, como ciudadanos, tiene pleno derecho a ser postulado y a ejercer su papel como legislador según convenga a sus intereses.No debería permitirse, sin embargo, que esta nueva modalidad del corporativismo sea prohijada por un partido que recibe cuantioso financiamiento público. El Partido Verde Europeo rompió su relación con el de los González Torres Martínez por proponer la pena de muerte. Sugiero que por una vez esa sanción capital se aplique al propio partido que la propone. Bien es cierto que cuenta con un abundante número de votantes, que le aseguraron su permanencia en la liza electoral. Pero también lo es que un partido pueda perder su registro si incumple "de manera grave y sistemática, a juicio del Consejo General del Instituto Federal Electoral las obligaciones que le señala" el Cofipe.

Cajón de Sastre

El consejero jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio Robles, formula una aclaración a la aclaración presentada en este mismo lugar, ayer, por Santiago Corcuera, abogado de Jorge Castañeda, "pues por el término general con que se narra, parecería que México fue condenado en lo principal por el asunto Castañeda y no es así. Por el contrario, México fue exonerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la demanda relacionada con el tema de candidaturas independientes y con el pago de los daños y perjuicios materiales y morales que don Jorge alegó sufrir... La Corte sólo obligó a pagar 7000 dólares por gastos del juicio; a reformar un artículo... a fin de que quede claro el derecho a demandar de candidatos no propuestos por partidos políticos y a publicar esa parte de la sentencia. El pago y la publicación ya fueron hechos, la reforma está en proceso...".

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

Reforma electoral, triste orfandad

Artículo publicado en el suplemento enfoque del periodico Reforma el 24 de mayo de 2009 a propósito de la resolución del Tribunal Electoral que exoneró al Partido Verde de las multas impuestas por el IFE por comprar promocionales en televisión que difundían supuestos informes de labores de sus legisladores en periodo de intercampañas.

"Lamentable resolución" es un epíteto justo para calificar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el 8 de mayo revocó dos multas que el Instituto Federal Electoral impuso al Partido Verde Ecologista de México por un monto de casi 20 millones de pesos.
La causa de dicha sanción fueron los spots persistentemente difundidos durante los días que transcurrieron entre las precampañas y el inicio de las campañas en los horarios preferenciales de los principales canales de Televisa y Televisión Azteca. En el primero de ellos, recordará el lector, los legisladores de dicho partido daban cuenta de una iniciativa a favor de la pena de muerte rubricada con el vistoso emblema de ese instituto político, que contrastaba con la disminuida presencia del escudo oficial de la legislatura federal en funciones. En un promocional ulterior, la actriz Maite Perroni advertía a los televidentes que el Partido Verde "sí está preocupado y sí está haciendo cosas" (se entiende que en favor de la ecología).
Las diferentes versiones de estos mensajes tuvieron el común denominador de ser transmitidas fuera de la pauta ordenada por el IFE. En el primer caso, los spots se adquirieron con recursos de los propios legisladores, mientras que los promocionales de la segunda tanda presuntamente fueron pagados con dinero público de la fracción parlamentaria que encabeza la diputada Gloria Lavara. Otra circunstancia digna de tomarse en cuenta es que el periodo durante el cual fue difundida dicha propaganda es un tiempo vedado al proselitismo electoral. Por ello es que los spots trataban de ubicarse dentro de la excepción que permite a los servidores públicos utilizar su imagen para difundir una vez al año sus informes de gestión. Lo que llamó la atención es que por primera vez en este tipo de mensajes aparecían personas distintas a los titulares de los poderes públicos, además de la insistente mención del partido al que pertenecen.
En las sesiones públicas en las que se discutieron las multas que impuso el IFE no faltaron las acusaciones de censura hacia quienes veían en la conducta del Verde una clara infracción a la ley. La decisión no se tomó por unanimidad, pero fue respaldada por los consejeros que habitualmente sostienen una amplia interpretación de la libertad de expresión. Por el contrario, en defensa del inculpado acudieron el PRI (aliado político) y el PAN, partido en el gobierno que hasta hace unos meses se ufanaba de la reforma electoral y la defendía como uno de sus grandes logros.
Quizá por ello no debe sorprendernos que por unanimidad los magistrados del Tribunal Electoral dinamitaran la estructura de uno de los pilares que sostienen el nuevo modelo de comunicación política: la prohibición de comprar o vender mensajes en radio y televisión con fines proselitistas (aún cuando dicha transacción comercial se esconda tras el ejercicio de un derecho). Las debilidades del fallo se advierten desde el momento en que al margen de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, se trató a los legisladores como "ciudadanos" para que su recurso pudiera prosperar, inmediatamente después el propio Tribunal les reconoce el carácter de de servidores públicos con el que a partir de ahora tienen acceso a un mercado impedido a todos los demás.
A millones de personas les consta que los promocionales del Partido Verde irrumpieron en el proceso electoral en perjuicio de la equidad en la contienda. En el futuro, para que la propaganda gubernamental ostente tal categoría deberá formar parte de la política de comu- nicación social del órgano de Estado al que los servidores públicos pertenezcan; de otro modo, cualquier funcionario, con recursos propios o ajenos, públicos o privados, podrá informar de su gestión y ostentar su militancia sin que por ello pueda ser recriminado.
En todo caso, lo que tristemente se ha comprobado es que los dos partidos que seguramente obtendrán el mayor número de legisladores en los próximos comicios repudian la paternidad de una reforma que, por lo visto, tampoco la máxima autoridad electoral está dispuesta a tutelar.

Los caracteres generales del derecho constitucional actual

Gustavo Zagrebelsky


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LOS CARACTERES GENERALES
DEL DERECHO CONSTITUCIONAL ACTUAL


Lo que es verdaderamente fundamental, por el mero hecho de serlo, nunca puede ser puesto, sino que debe ser siempre presupuesto. Por ello, los grandes problemas jurídicos jamás se hallan en las constituciones, en los códigos, en las leyes, en las decisiones de los jueces o en otras manifestaciones parecidas del «derecho positivo» con las que los juristas trabajan, ni nunca han encontrado allí su solución [...]

El derecho como sistema de garantías

Luigi Ferrajoli


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EL DERECHO COMO SISTEMA DE GARANTÍAS


1. Crisis del derecho y crisis de la razón jurídica.
El modelo garantista

Estamos asistiendo, incluso en los países de democracia más avanzada, a una crisis profunda y creciente del derecho, que se manifiesta en diversas formas y en múltiples planos. Distinguiré, esquemáticamente, tres aspectos de esta crisis.
Al primero de ellos lo llamaré crisis de la legalidad, es decir, del valor vinculante asociado a las reglas por los titulares de los poderes públicos [...]

Presidencialismo y parlamentarismo

Giovanni Sartori


V. PRESIDENCIALISMO
V.1. DEFINICIÓN DE "SISTEMA PRESIDENCIAL"


Así como se divide a los sistemas electorales en mayoritarios y proporcionales, a los sistemas políticos democráticos se les divide en presidenciales y parlamentarios. Sin embargo, es más difícil hacer esta última distinción que la primera. Es cierto que se puede definir a los sitemas presidenciales y a los parlamentarios por exclusión mutua y que un sistema presidencial no es parlamentario y uno parlamentario no es presidencial [...]

El precompromiso y la paradoja de la democracia

Stephen Holmes


VII. EL PRECOMPROMISO Y LA PARADOJA
DE LA DEMOCRACIA


Il est absurde que la volonté se donne des chaînes
pour l'avenir.
ROUSSEAU

LAURENCE TRIBE comienza su influyente tratado sobre derecho constitucional con una formulación concreta del dilema contramayoritario: la discordia entre la política mayoritaria y los frenos anclados en la Constitución: "En su forma más básica, la pregunta [...] es por qué una nación que fundamenta la legalidad sobre el consentimiento de los gobernados decidiría constituir su vida política mediante un compromiso con un acuerdo original [...] estructurado deliberadamente para dificultar el cambio" [...]